Nota sobre el problema para los que no saben nada.
Regidores del municipio de Ixtapa señalaron al ex alcalde Ricardo Pérez Pérez y al líder campesino Guillermo Hernández Pérez, como los responsables de los actos de ingobernabilidad en ese municipio, por lo que pidieron a las autoridades de justicia se sancionen los actos de vandalismo que estos han encabezado en los últimos meses en contra de la administración municipal y de la población en general.
En una conferencia de prensa que ofrecieron en esta ciudad, cinco regidores, encabezado por Oliver Shilón López, denunciaron que la mañana de este miércoles un reducido grupo de 60 gentes hicieron acto de presencia en la presidencia municipal, donde luego de realizar una protesta determinaron meter a los separos de la cárcel municipal a una docena de funcionarios.
Señalaron que esta, es la tercera ocasión en que este grupo de personas realizan este tipo de acciones por lo que pidieron al gobernador del estado se aplique la ley en contra de estos ya que existen demandas por diversos delitos ante la Procuraduría General de Justicia del Estado.
A decir de los regidores, estas acciones son orquestadas por el ex alcalde Ricardo Pérez Pérez, a quien la Secretaría de la Función Pública le ha detectado un faltante de 25 millones de pesos en su administración, razón por la cual se encuentran a la espera de que el Órgano Superior de Fiscalización o la instancia correspondiente determine la sanción correspondiente.
Explicó, que el argumento de los inconformes es que no fueron tomados en cuenta para la integración del Copladem, cuando en fechas recientes cuando se llevó a cabo la asamblea para tal efecto, 198 de los 221 asistentes determinaron la integración de dicho comité.
Recordaron que ya en dos ocasiones anteriores los inconformes han incurrido en actos vandálicos. En la primera ocasión, narró, ingresaron a la presidencia municipal y robaron y destruyeron material y equipo de cómputo. En la segunda, golpearon y retuvieron a personas por un día y ahora vuelven nuevamente a retener en contra de su voluntad a trabajadores del ayuntamiento y ninguna autoridad hace algo al respecto.

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